Dictamen 20-A-03 de 14 de febrero de 2020

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De conformidad con el artículo L. 444-7 del Código de Comercio francés, la Autoridad de la Competencia francesa recibió el 17 de enero de 2020 una solicitud de dictamen del Ministro de Economía y Finanzas en relación con un proyecto de decreto en el Consejo de Estado destinado a modificar determinadas disposiciones de la parte reglamentaria del Código de Comercio francés relativas a la fijación de tarifas reguladas para determinadas profesiones jurídicas.

Desde la adopción de la Ley nº 2015-990, de 6 de agosto de 2015 («Ley Macron»), los principios para la determinación de las tarifas deben tener en cuenta los «costes relevantes del servicio prestado y la remuneración razonable, definida en base a criterios objetivos» (artículo L. 444-2 del Código de Comercio). El Gobierno había optado, en el Decreto nº 2016-230, de 26 de febrero de 2016, por adoptar un enfoque «acto por acto» para fijar las tarifas de los profesionales afectados, con el objetivo de fijar las tarifas en función de los costes realmente soportados por los profesionales por cada acto realizado. Este método resultó impracticable debido a la falta de una contabilidad analítica que permitiera evaluar los costes pertinentes a un nivel tan preciso. En este contexto, la Ley nº 2019-222 de
23 de marzo de 2019 sustituyó finalmente este primer enfoque por un método basado en la rentabilidad global de las profesiones en cuestión, que debería permitir a los profesionales cubrir todos los costes incurridos y generar una remuneración razonable por su «actividad regulada». A tal efecto, el artículo L. 444-2, redactado por el artículo 20 de la Ley de 23 de marzo de 2019, prevé que las tarifas se fijen «sobre la base de una tasa de beneficio medio objetivo, cuyas modalidades de determinación se definen por decreto en el Consejo de Estado».

Así, el proyecto de decreto sometido a la consideración de la Autoridad extrae las consecuencias de las precisiones hechas por la ley al fijar las tarifas sobre la base de un índice objetivo de resultado estimado globalmente y para cada profesión. Para ello, propone una nueva redacción del método de fijación de dichas tarifas, precisando los métodos de evaluación de los costes pertinentes y de la remuneración razonable, siendo esta última, en particular, definida por referencia a una tasa de resultado objetivo, determinada a su vez «sobre la base de una tasa de referencia, determinada por orden».

Además, el proyecto de decreto modifica el sistema de descuentos a tipo fijo que es idéntico para todos en el derecho común, cuyo tipo máximo, actualmente limitado al 10% sobre los tramos de base que superan los 150.000 euros, se espera que aumente al 20% en breve. Mientras que la ley ha añadido un sistema de libre negociabilidad de los descuentos entre el notario y su cliente para determinados servicios y por encima de un determinado umbral de emolumentos, el proyecto mantiene los descuentos al tipo incrementado (con un tope del 40 % en los tramos de bienes que superan los 10 millones de euros) para una lista limitada de servicios. Este sistema de descuento del 40% se presentó, cuando se introdujo en 2016, como una forma de compensar la falta de libre negociabilidad de los descuentos. El proyecto de decreto propone, por último, racionalizar la fijación de los recargos tarifarios de ultramar, previendo una «conciliación» entre el índice de resultado medio observado para los profesionales instalados en los territorios de ultramar y el objetivo de índice de resultado fijado a nivel nacional.

Tras un examen en profundidad de este proyecto de decreto, la Autoridad emite un dictamen reservado sobre las disposiciones de su artículo 3, que otorgan a los ministros firmantes de las órdenes un margen de maniobra demasiado amplio a la hora de fijar las tarifas para que sea compatible con la exigencia legal de una definición de remuneración razonable «basada en criterios objetivos».

El Órgano de Vigilancia propone, pues, ajustes de redacción destinados a precisar los métodos de determinación y revisión del objetivo de la tasa de beneficio medio, por una parte, y el método de evaluación de los costes pertinentes y de la remuneración razonable, por otra.

Además, invita al Gobierno a precisar la naturaleza y el origen de los datos contables que se tienen en cuenta en la estimación de los distintos agregados utilizados en el método de fijación de las tarifas y a aclarar el concepto de «aproximación de la tasa de beneficio medio de los profesionales instalados en ultramar al objetivo fijado a nivel nacional precisando, en el proyecto de decreto, la finalidad de los aumentos aplicables localmente: compensar los costes adicionales reales incurridos en ultramar.

En cuanto a los cambios introducidos en el marco normativo de los descuentos, la Autoridad acoge con satisfacción el aumento del tipo máximo, del 10 % al 20 %, para los descuentos de derecho común. Como ya ha indicado, considera que el umbral para activar esta opción de descuento, actualmente fijado para los notarios en 150.000 euros de base, debería rebajarse a 75.000 euros de base para intensificar la competencia de precios en un sector que lleva mucho tiempo privado de ella.

Por último, si bien el Órgano de Vigilancia se congratula de la reintroducción, prevista por la ley, de la libre negociabilidad de los descuentos entre el notario y su cliente por encima de un umbral de emolumentos, lamenta que se prevea restringir reglamentariamente el ámbito de aplicación de esta medida: Al fijar este umbral de activación en 200.000 euros de emolumentos (mientras que este umbral estaba fijado en 80.000 euros en el antiguo decreto de 1978), las disposiciones previstas podrían, paradójicamente, conducir a una situación menos competitiva en 2020 que la que existía antes de la reforma. Desde este mismo punto de vista, el mantenimiento del régimen de bonificación del 40%, que priva de facto a los usuarios de los servicios afectados del beneficio de la bonificación de derecho común sobre los tramos de base comprendidos entre
150.000 euros y 10 millones de euros, para reservarlos a los raros casos de bases extremadamente elevadas, parece incompatible con el imperativo de equidad social perseguido por el legislador de 2015.

Este resumen es estrictamente informativo. Sólo el texto del dictamen es auténtico.

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