Ficha resumen nº 12: El Defensor de los Derechos

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Para cada una de sus misiones, salvo la mediación con un servicio público, el Defensor de los Derechos está asistido por un panel compuesto por personalidades cualificadas en el ámbito en cuestión y por un adjunto, vicepresidente del panel correspondiente a sus atribuciones.

Los adjuntos están situados bajo el Defensor de los Derechos y bajo su autoridad. Nombrados por el Primer Ministro a propuesta del Defensor de los Derechos, están sujetos a las mismas normas de incompatibilidad que el Defensor. El cese del mandato del Defensor de los Derechos, cualquiera que sea su causa, conllevará en todo caso el cese del mandato de los adjuntos.

La ley orgánica prevé el nombramiento obligatorio de un vicepresidente adjunto del colegio encargado de la defensa y promoción de los derechos del niño, que conservará el título de Defensor del Niño, un vicepresidente adjunto del colegio encargado de la ética en el ámbito de la seguridad, y un vicepresidente adjunto del colegio encargado de la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad.

El colegio encargado de la deontología en el ámbito de la seguridad incluye, además de su vicepresidente, tres personalidades cualificadas designadas por el Presidente del Senado, tres personalidades cualificadas designadas por el Presidente de la Asamblea Nacional, un miembro o antiguo miembro del Consejo de Estado designado por el Vicepresidente del Consejo de Estado, un miembro o antiguo miembro del Tribunal de Casación designado conjuntamente por el Primer Presidente del Tribunal de Casación y por el Fiscal General ante dicho tribunal.

El colegio encargado de la defensa y promoción de los derechos del niño estará compuesto, además del vicepresidente, por dos personas cualificadas designadas por el presidente del Senado, dos personas cualificadas designadas por el presidente de la Asamblea Nacional, una persona cualificada designada por el presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental y un miembro o antiguo miembro del Tribunal de Casación designado conjuntamente por el primer presidente del Tribunal de Casación y el fiscal de dicho Tribunal.

El colegio encargado de la lucha contra la discriminación y de la promoción de la igualdad está compuesto, además del adjunto del Defensor de los Derechos que tiene la condición de vicepresidente, por: tres personalidades cualificadas designadas por el Presidente del Senado, tres personalidades cualificadas elegidas por el Presidente de la Asamblea Nacional, una personalidad cualificada designada por el Vicepresidente del Consejo de Estado y una personalidad cualificada designada por el primer presidente del Tribunal de Casación.

El Defensor de los Derechos podrá convocar una reunión conjunta de varias salas y de sus adjuntos para consultarles sobre quejas o cuestiones que afecten a varios de sus ámbitos de competencia, o que presenten una dificultad particular.

El Defensor de los Derechos podrá pedir explicaciones a cualquier persona física o jurídica que sea recusada ante él y solicitar documentos que sean útiles para el ejercicio de su misión. Puede escuchar a cualquier persona cuya asistencia considere útil. Las personas implicadas podrán ser asistidas por un abogado de su elección.

El secreto profesional no podrá ser invocado contra el Defensor de los Derechos.

Cuando sus peticiones no sean atendidas, el Defensor de los Derechos podrá dar traslado formal a los interesados para que contesten en el plazo que él determine. Cuando no se dé curso al requerimiento, podrá remitir el asunto al juez de medidas cautelares con petición razonada a fin de que ordene cualquier medida que éste considere útil.

En el caso de que se abra una investigación preliminar o una investigación por flagrancia sobre hechos de los que se encuentre o haya sido objeto, el Defensor de los Derechos deberá, para el ejercicio de algunas de sus competencias, obtener el acuerdo previo de los órganos jurisdiccionales que se encuentren en situación de embargo o del Ministerio Fiscal.

Podrá realizar comprobaciones in situ. Sin embargo, en el caso de los locales administrativos, la autoridad competente puede oponerse por motivos graves e imperativos relacionados con la defensa nacional o la seguridad pública. En ese caso, la visita sólo puede realizarse con la autorización del juez del procedimiento sumario.

Cuando se trata de locales privados, y salvo en casos de urgencia, el responsable de los mismos es informado previamente de su derecho a oponerse a la visita o verificación in situ. En ese caso, la verificación in situ sólo puede tener lugar tras la autorización del juez de libertad y custodia.

Si el Defensor de los Derechos lo solicita, los ministros instruirán a los órganos de control para que realicen, en el ámbito de sus competencias, las comprobaciones o investigaciones que procedan. Le informarán del curso dado a estas solicitudes.

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